Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, ha argumentado que las medidas impuestas representan una aplicación incorrecta de la normativa, poniendo en peligro a la víctima al no imponer la medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público. Ramos subrayó la necesidad de considerar el riesgo evidente para la víctima y cuestionó la participación indebida de abogados en el proceso judicial, violando disposiciones legales.
La fiscal destacó que la jueza permitió la intervención de abogados que, según la ley, no debían participar activamente, lo que constituye una vulneración de los derechos de las partes involucradas. Además, se señaló la omisión de pruebas cruciales, como una llamada al 9-1-1 solicitando ayuda por parte de Yailín y el riesgo de fuga que presenta Tekashi al ser extranjero.
Ramos también resaltó la ignorancia de pruebas significativas, incluido un celular incautado al rapero en la celda, utilizado para amenazar a testigos y obstaculizar la investigación. La apelación busca revisar y corregir estas decisiones judiciales.
Daniel Hernández fue detenido el 17 de enero bajo la orden judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La audiencia de apelación promete agregar un nuevo capítulo a la compleja situación legal del controvertido rapero.