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Envían a juicio de fondo a exministro de Defensa Rafael Peña y coronel Piccini por el caso de los Super Tucanos

Santo Domingo.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), el coronel Carlos Piccini Núñez; y al exministro de Defensa, el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio.

A Piccini Núñez y a Peña Antonio se implica de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), con el fin de ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

La medida fue acogida por el Juzgado a solicitud del Ministerio Público.

Además, dictó apertura a juicio contra Daniel Aquino Hernández, quien representa la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), así como de la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).

En ese sentido, fue dictado “auto de no ha lugar” a juicio en contra de los imputados Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa.

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Carlos Piccini

Envían a juicio de fondo a exministro de Defensa Rafael Peña y coronel Piccini por el caso de los Super Tucanos

Otro de los imputados en el caso de soborno es el empresario Daniel Aquino Méndez, quien fue separado del proceso que se encuentra en la etapa preliminar por asuntos de salud, y fijada la audiencia en su contra para el 15 de abril próximo.

La decisión fue adoptada por la jurista Raquel Astacio, jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras admitir parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público que estuvo representado por las fiscales María Melenciano y Rosa Alba García.

Por este caso de corrupción la empresa Embraer, que admitió haber entregado los sobornos, fue condenada al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano en 2018.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) procedió con su sometimiento a la justicia por la infracción de varios artículos del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

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Durante las indagaciones del caso, que inició en el 2016, el órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a los acusados a dicho acto de corrupción administrativa.

Las investigaciones abarcaron el rastreo de transferencias bancarias de dinero en el país y en el exterior, examen a movimientos de cuentas bancarias, localización e indagatoria sobre el origen de bienes, así como el análisis y verificación de patrimonios.

La información fue ofrecida por el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa, en donde además destaca que sigue firme en sus propósitos de lograr justicia y procura una sentencia ejemplar en contra de los implicados.

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